Recientemente, el gobierno presentó una propuesta de ley que denomina “Ley de Modernización Fiscal”, pero, a mi juicio, el título está muy lejos de reflejar el verdadero alcance de esta reforma. Cuando hablamos de modernización tributaria, deberíamos pensar en un proceso que no solo se enfoque en la modificación de tasas impositivas o la inclusión de nuevos sectores gravados, sino en una reestructuración completa del sistema, incluyendo la manera en que la administración tributaria interactúa con los contribuyentes. En ese sentido, esta ley es más bien una modificación más del código tributario, no una modernización integral.
Para poder hablar de una reforma que verdaderamente modernice el sistema, el gobierno debería haberse atrevido a tocar también el Título I del Código Tributario, que trata sobre las actuaciones de la administración tributaria. Allí radican muchas de las ineficiencias y problemas que enfrentan los contribuyentes y que, a largo plazo, erosionan la confianza en el sistema impositivo. Si no se abordan esos problemas estructurales, seguiremos haciendo pequeñas modificaciones sin alcanzar una reforma verdadera.
¿Cumple el Objetivo de Reducir el Déficit?
En cuanto al impacto fiscal, es justo reconocer que la reforma toca una de las grandes distorsiones históricas en el sistema: la proliferación de regímenes de incentivo. En algunos sectores, el uso indiscriminado de exenciones fiscales ha sido un problema, y es positivo que la reforma intente corregir este desbalance. Hay sectores que entienden que sin esas exenciones no pueden operar, y si ese es el caso, entonces debemos cuestionar su productividad y sostenibilidad en el largo plazo. Sin embargo, eliminar estas exenciones no será suficiente para resolver el problema de fondo del déficit fiscal si no viene acompañado de un mejor manejo del gasto público.
La Clase Media: La Gran Afectada
Aunque algunas de las medidas propuestas puedan tener un impacto positivo en el mediano plazo para el gobierno, no podemos ignorar el golpe que esta reforma representa para la clase media. En lo adelante, los gastos en actividades extracurriculares de los hijos como natación, música, deportes; los servicios de belleza, cultura, gimnasios, entre otros serán gravados con el 18%. A esto se suma el aumento del Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria (IPI) para aquellas viviendas que no se consideran de bajo costo, y algo que no queda muy claro es si las transferencias inmobiliarias también estarán gravadas con el 18%, ya que el artículo 4 del decreto 293-11 las ponía como actividades no sujetas el impuesto, pero en artículo 336 de la reforma se coloca una definición amplia sobre la transferencia de bienes, en donde al mencionar la transferencia del dominio esto podría estar alcanzado.
Además, el incremento del ISR a un 27% afecta directamente a quienes están en los rangos más altos de ingresos, sumado a que las retenciones sobre las inversiones y ahorros ya no serán un pago único y definitivo, sino que estarán sujetas a un pago adicional del 17%. Esto erosiona el ingreso disponible de las familias que ya están soportando el peso de una economía con inflación alta.
A esto se suma la eliminación del escaso alivio que representaban los gastos educativos, y la reducción del límite de ingresos para mantenerse en el Régimen Simplificado de Tributación (RST) a RD$5.0 millones. Es importante destacar que un profesional independiente con ese nivel de ingresos enfrenta costos que un empleado no tiene, como el pago de su propio seguro de salud, combustible, materiales y servicios, lo que hace que este tope perjudique a muchos emprendedores. El gobierno, una vez más, dejó pasar la oportunidad de incluir el monotributo en este régimen, lo que habría permitido ofrecer cobertura de seguridad social a quienes se inscribieran.
Es preocupante que el gobierno no ofrezca ningún tipo de transferencia o alivio a la clase media para mitigar estos impactos. Mientras se anuncia un aumento de las transferencias para los más pobres, la clase media parece quedar desprotegida frente al embate fiscal, que debe buscar todos los meses recursos adicionales para pagar servicios básicos que el gobierno no le suministra, y lo deberá hacer ahora con menos dinero disponible.
Conclusión
Si bien la Ley de Modernización Fiscal trae consigo algunos aspectos positivos, como la eliminación de exenciones fiscales que generan distorsiones, el impacto negativo que tendrá sobre la clase media no puede ser ignorado. Más que una modernización, estamos frente a una modificación del código tributario que no resuelve los problemas estructurales del sistema impositivo y que carga, una vez más, sobre los hombros de una clase media ya golpeada. En lugar de un avance hacia la modernización, parece que nos estamos enfrentando a una ley que, si bien ayuda a recaudar más, lo hace sacrificando el bienestar de un sector vital para la economía del país.
Publicado también en Diario Financiero el 11 de octubre de 2024. · Ver todas las Perspectivas